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¿Quién devuelve la reputación a las víctimas de la persecución judicial al socialismo andaluz?

Acabamos de recibir la noticia de que el órgano de gobierno de la judicatura considera que se hizo una injusticia en el caso de Mercasevilla, en un claro ejemplo de lo que en el mundo judicial se conoce como: «pena de banquillo».

Resulta que el Consejo General del Poder Judicial reconoce ahora, después de más de once años, que se debe indemnizar a Domingo Enrique Castaño ─quien fuera asesor del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla─ y a Antonio Rodrigo Torrijos ─por aquel entonces portavoz municipal de Izquierda Unida─ por las dilaciones indebidas, las sucesivas prórrogas en la instrucción, las filtraciones parciales e interesadas, la falta de pruebas e incluso la ausencia de indicios racionales para incriminarles que tuvieron que soportar durante los más de ocho años de proceso judicial.

Por supuesto, cuando salió sentencia quedó claro que eran inocentes, que siempre habían sido inocentes, pero eso no les salvó de los larguísimos años de escarnio público contra su honor y contra el honor de los partidos de izquierdas en Andalucía.

El exalcalde de Sevilla Zoido y Ayala tomando una cerveza por Sevilla

Ahora sabemos que la señora Mercedes Alaya se entretuvo durante más de siete años a seguir pistas inverosímiles, sin pruebas ni fundamento, intentando condenar a personas honorables, representantes públicos que nunca habían violado ninguna ley.

Durante todo este tiempo, fueron docenas, cientos,miles las portadas de periódicos, titulares de radio y televisión, blogs, tuits, trending topics y whatsapps en los que se difamó a personas inocentes.

Finalmente la Justicia les absolvió de toda acusación y además, ahora ha determinado que es necesario indemnizarles por los daños causados. Ahora bien, ¿Quién devuelve la reputación a las víctimas de la persecución judicial del socialismo andaluz?

Una cosa es segura: no solo se vulneró el derecho al honor de esas personas, además se hizo un deliberado uso electoral de todo este embrollo judicial, para influir en la opinión pública haciendo creer la idea de que «todo el socialismo andaluz era corrupto, opaco e injusto». Las consecuencias electorales de ese lawfare no solo las sufrieron sus víctimas inmediatas, sino el conjunto de andaluzas y andaluces, merced a unos resultados que se vieron afectados por la utilización mediática del funcionamiento anormal de la Justicia.

Aquí lo cuenta La Razón: https://www.larazon.es/andalucia/20200615/avorfqrydff3viy7yhsw5uvbsi.html

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